La necesidad tiene cara de hereje, dice el refrán. El debate del presupuesto 2026 será la demostración de la metamorfosis de un oficialismo que hacía del dogmatismo del veto su bandera y que ahora, forzado a exhibir gobernabilidad, aprendió a negociar. Las últimas concesiones a gobernadores amigos y bloques aliados dan cuenta de ello: el objetivo ya no es ganar por un voto. Es hacer ostentación de una victoria contundente que le asfalte el camino hacia la próxima meta, la reforma laboral.
En el oficialismo se respira un aire de confianza y optimismo. A los gobernadores amigos de Mendoza, San Juan y Catamarca les concedió la reforma de la ley de Glaciares, claves para sus actividades mineras. A las provincias aliadas las regó de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y promesas de obras públicas, además de la garantía de que la Nación avalará sus pedidos de endeudamiento. Pero la frutilla del postre se conoció a última hora cuando, después de mucho batallar, el bloque de Pro –que había firmado el dictamen en disidencia- se llevó la promesa de que le girarán los fondos por coparticipación pactados en la Corte Suprema.
El artículo adhoc que el Ministerio de Economía accedió a incluir en el proyecto refleja eso: solo una promesa. No se garantiza un monto en el texto, sino la facultad al jefe de Gabinete “a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para cumplir con el pago del 2,95% de la coparticipación a la ciudad que ordenó el máximo tribunal.
La Nación ya le gira por goteo diario y automático del 1,40% de los fondos; empero, incumplía con las transferencias semanales por el restante 1,55%. Este artículo que se incorporará en el texto reconoce estas obligaciones, pero deja en manos de Manuel Adorni –el posible contendiente libertario para suceder a Jorge Macri en la ciudad- los montos y los tiempos.
Aunque módica, Cristian Ritondo –jefe del bloque Pro- festejó la concesión del Gobierno; junto a su amigo, el ministro del Interior Diego Santilli, se arrogó el mérito de sacarle un guiño al Ministerio de Economía. “Hasta ayer era nada”, deslizaban en su entorno. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se mostraba intransigente, al igual que con los reclamos de las 13 provincias para que la Nación les gire los fondos a las cajas previsionales no transferidas a la Anses, un monto millonario que impactaría de lleno en el superávit fiscal.
Sin embargo, por debajo de la resistencia abierta y pública del Ministerio de Economía se tejen negociaciones más discretas. “Tal vez haya fondos para las cajas previsionales de aquellas provincias que ayuden al Gobierno con la modernización laboral”, deslizan, enigmáticos, en el oficialismo. Nada quedará por escrito en el presupuesto, está claro.
Lo cierto es que, hasta ahora, las concesiones incluidas en el presupuesto son, en su mayoría, de bajo impacto fiscal, sostienen en el oficialismo. En el bloque libertario que conduce Gabriel Bornoroni hacen cuentas: en la votación en general del proyecto se espera un piso mínimo de 132 voluntades a favor. Suficiente para mostrar músculo político, aunque no para festejar si, en la votación en particular de los artículos, sectores hoy divididos de la oposición logran unir fuerzas y meter la cola.
Parece difícil: en las filas opositoras predomina cierto clima de resignación ante lo que creen un hecho consumado. Sin embargo, allí también hacen cuentas: entre todos los bloques que anticiparon su rechazo al presupuesto suman un piso de 120 votos. Allí se suman los 93 de Unión por la Patria; los 22 de Provincias Unidas –que juran y perjuran que no votarán a favor-, los cuatro diputados de izquierda y un puñado de diputados críticos del Gobierno.
Habrá que ver si, durante en la votación en particular, logran aguarle la fiesta al oficialismo. En la mira tienen un artículo, el 75, que deroga las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad, ambas suspendidas en su vigencia pese a que fueron insistidas por ambas cámaras luego del veto presidencial.
En el oficialismo dicen estar confiados. El radicalismo, ahora en tándem con Pro en el flamante interbloque Fuerza del Cambio, no parece entusiasmado en esta oportunidad a dar la batalla por las universidades. “El Gobierno asignó una partida de $4,8 billones para el año próximo, está bien”, deslizan. En cambio, los diputados misioneros y salteños de Innovación Federal se mostraron en disidencia y así lo expresaron en el dictamen. Son siete votos. Las negociaciones se extenderán hasta último minuto.
Respecto de la ley de discapacidad, el oficialismo buscará neutralizar la ofensiva opositora con el artículo 76, también incluido como modificación en el dictamen, que establece que los aranceles para los prestadores para los servicios de discapacidad se determinarán en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); de no ser así, automáticamente serán actualizados por inflación. Una jugada preparada por el oficialismo para aquellos que le reprochan su falta de empatía con los más vulnerables, aunque habrá que ver si es suficiente para evitar una derrota.
